miércoles, 18 de noviembre de 2009

Jorge Arrate es un amarillo por no criticar derechamente a Cuba

Seduce a muchos con su lenguaje cuidadosamente espontáneo, presentándose a sí mismo como honesto y consecuente, pero es incapaz de decir cosas que molesten a la izquierda dura, cosas como, por ejemplo, que en Cuba existe un régimen totalitario, donde no hay elecciones libres, donde pensar distinto constituye delito, donde el Estado sistemáticamente oprime a la población y destina una gran cantidad de recursos a mantener un permanente clima de temor, entre otras perlas.

Esa no es una actitud comprometida con la democracia y la libertad, sino con un objetivo político que es ajeno a esos valores.

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En julio de 2006, Fidel Castro transfirió el control del gobierno cubano a su hermano, Raúl Castro. Como nuevo jefe de estado, Raúl Castro heredó un sistema de leyes e instituciones abusivas, además de la responsabilidad por los cientos de presos políticos detenidos durante el gobierno de su hermano. Raúl Castro no sólo no desarticuló esta maquinaria represiva, sino que la ha mantenido vigente y plenamente activa. Numerosos presos políticos detenidos durante el gobierno de Fidel Castro continúan presos padeciendo las condiciones inhumanas de las prisiones cubanas. Y el gobierno de Raúl Castro ha recurrido a leyes draconianas y a procesos judiciales que son una farsa para encarcelar a muchas otras personas que se atrevieron a ejercer sus libertades básicas.

El gobierno de Raúl Castro se ha amparado especialmente en una disposición del Código Penal de Cuba que permite al estado encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un delito, cuando existan sospechas de que pueden cometerlo en el futuro. Esta disposición sobre “peligrosidad” es netamente política y define como “peligrosa” a cualquier conducta contraria a las normas socialistas. Esta norma, la más orwelliana de todas las leyes cubanas, capta la esencia de la mentalidad represiva del gobierno cubano, que percibe a cualquier persona cuyas acciones no concuerden con el gobierno como una potencial amenaza y, por ende, plausible de castigo.

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Descargar el informe completo de Human Rights Watch aquí

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